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09/02/2010

Justicia

Los sindicatos de Justicia anuncian protestas por la falta de acuerdos

La negociación sobre la Oficina Judicial «se ha bloqueado» prácticamente nada más iniciarse los contactos para establecer el nuevo sistema de organización judicial de la capital

P.M.

Todo apunta a que febrero va a ser un mes 'caliente' en la Administración de Justicia como lo fue hace dos años con la huelga de los funcionarios y el año pasado cuando los jueces 'colgaron' las togas. No se barrunta un paro tan generalizado como el que paralizó la Justicia en 2008 durante dos meses, pero ya se anuncian movilizaciones para esta semana si no se desbloquean las conversaciones en la mesa sectorial sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ).
La negociación «se ha estancado prácticamente nada más empezar», asegura la coordinadora autonómica del STAJ (Sindicato de Trabajadores de Justicia), Carmen Romero, quien, en declaraciones a este diario, explica que las conversaciones se han bloqueado en el punto relativo a las funciones del personal.
El nuevo modelo de Oficina Judicial supone un vuelco al sistema organizativo de los juzgados que se sustituirá por otro basado en servicios comunes y oficinas integrales de atención. Los secretarios judiciales pasan a desempeñar un papel más destacado al convertirse en directores técnicos procesales del nuevo modelo de oficina, que contempla unidades de apoyo y tres servicios comunes, uno general, otro de ordenación de procedimientos y un tercero de ejecución, según explica Romero.
Las funciones de los trabajadores de la Administración de Justicia «no están claras» porque no se han concretado. Por ello, los sindicatos (STAJ, CCOO, UGT y CSI-CSIF) piden al Ministerio que defina las funciones de cada puesto de trabajo en la nueva Oficina Judicial, al tiempo que solicitan un cambio en la metodología de la negociación respecto a dichas funciones. Es decir, explica Romero, «en lugar de negociar por cuerpos y servicios comunes que sea por puesto de trabajo».
Esta es una de las razones por las que «se ha estancado» la negociación, ya que los sindicatos piden «seguridad jurídica en las funciones dentro de los puestos de trabajo de la nueva Oficina Judicial», precisó la dirigente de STAJ.
Respecto a los efectos de las huelgas, Romero dice que han servido de «muy poco» porque la situación en los juzgados sigue «igual o peor por la falta de medios». A su juicio, sólo sirvió para que se tomara conciencia del problema. «La precaria situación de la Justicia se puso sobre la mesa y después de dos largos y tensos meses sólo hubo promesas, un plan de actuación para sacar adelante el trabajo atrasado y otros parches», sostiene la dirigente sindical.
Asegura que los juzgados «siguen colapsados por la falta de medios». Dice que son «muchas las carencias» y lamenta que los programas informáticos «prometidos» por el Ministerio no estén dando el resultado que deberían. De hecho, «ya se han cambiando varios programas», precisó.

Con presión. Una visión similar es la que ofrece el presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Ciudad Real, Mariano Muñoz Fernández, quien asevera que las condiciones de trabajo no han mejorado después de los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2008. «Cada vez hay más trabajo y presión por parte de los jefes», sostiene Muñoz Fernández, quien remarca que la huelga sirvió de «muy poco», puesto que «no se han mejorado las condiciones de trabajo ni los medios materiales».
El Ministerio «sólo ha cumplido el acuerdo económico» firmado por los sindicatos y que fue muy cuestionado por algunos de sus integrantes, que llegaron incluso a dimitir, como es el caso de Mariano Muñoz, porque se firmó «sin llevarlo a votación como querían los trabajadores».
El presidente de la Junta de Personal dice que el Ministerio de Justicia ha cumplido el acuerdo económico, que pasaba por los planes de actuación para sacar adelante el trabajo atrasado y que no incluía a todos los trabajadores de la Administración de Justicia. Los funcionarios de las dos secciones de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, del Instituto de Medicina Legal y los jueces de paz se quedaron fuera. (Más información en la edición impresa.)    

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