Local

17/01/2010

Política Municipal

La Junta cierra el expediente sobre la Atalaya y archiva la sanción al Ayuntamiento

El Consistorio recibe la notificación oficial y ya no tendrá que pagar los 24.000 euros reclamados por una infracción en el vallado

El primer teniente de alcalde, Juan Caballero, en una visita al parque forestal de la Atalaya

Tomás Fdez. de Moya

M. Lillo

La polémica que se generó en torno al vallado del parque forestal que realizó el Ayuntamiento de la capital ya se ha zanjado. El área de Sostenibilidad, liderada por el concejal Juan Caballero, ha recibido recientemente una resolución en la que se le comunica «el fin del expediente y dejando sin efecto las sanciones» que había interpuesto la Administración regional contra la municipal.
Con dicha resolución se culmina un enfrentamiento político entre ambas instituciones que giró en torno a la alambrada que desplegó el Consistorio en la Atalaya para garantizar el mantenimiento de las obras de reforma que había realizado con la finalidad de impulsar este espacio de ocio. La valla, según matizó Caballero, medía 3.096 metros y «no cerraba superfie alguna».
Para poner fin a esta polémica, representantes del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades mantuvieron una reunión en la que llegaron a la conclusión de que «no es que no hubiéramos entregado la documentación pertinente, sino que el informe técnico presentado no se ajustaba al modelo que querían», afirmó Caballero, quien destacó «el paso de buena voluntad» que dio la Junta de Comunidades para zanjar una cuestión que le iba a suponer al ayuntamiento el desembolso de 24.000 euros. Por su parte, desde la Administración regional informaron a este diario de que la habían solicitado al Consistorio unas concreciones y éste las había resuelto.
El edil de Sostenibilidad recordó todo el proceso que se ha seguido respecto al vallado de este parque forestal y se remontó al 14 de mayo de 2009, cuando reciben una carta en la que la Junta le informa del inicio de un procedimiento sancionador por el cerramiento de más de 4.000 metros del parque forestal «sin que se haya sometido a procedimiento de evaluación ambiental».
La Junta defendía que para los cerramientos superiores a los 2.000 metros y que afecten a una extensión de más de cinco hectáreas, como es el caso, era obligatorio «ser sometidos a declaración de impacto ambiental en función de lo que considere o no oportuno la autoridad ambiental».
Ante ello, el Ayuntamiento presentó el informe técnico relativo a la actuación e indicó a la Administración regional que no era necesaria la evaluación de impacto ambiental porque los efectos que se producían sobre el parque eran «positivos» y recordaba que en este espacio de ocio ya se habían producido cerramientos por parte de particulares.

infracción grave. Posteriormente, prosiguió Caballero, recibieron otra resolución en la que la Junta les indicaba que habían incurrido en una infracción grave y que se castigaba con una multa de 24.040,49 euros. Ante ello, el Ayuntamiento alegaba que el cerramiento no tenía más de 4.000 metros, como indicaba la Junta, sino que la alambrada medía 3.096 metros, por lo que señalaba que se trataba de una sanción leve y reclamaban la multa mínima de 60 euros, o nada.
Por último, el Consistorio recibió con fecha de 9 de noviembre otra misiva resolutoria en la que rebaja la calificación de la sanción a leve e interponía una multa de 12.000 euros. Ante, ello, los representantes de ambas administraciones se sentaron a dialogar y lograron el acuerdo, aunque poco antes el Consistorio había remitido un recurso de reposición de la Junta por la sanción de 12.000 euros.
Finalmente, la polémica que hizo que Juan Caballero citara al delegado de la Junta, José Fuentes, para medir la longitud de la alambrada se ha zanjado con el acuerdo entre las partes y sin que los servicios municipales tengan que desembolsarse 24.000 euros.
   

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