Federico Peres Parada, presidente del colegio junto a Manuel Urtiga de Vivar , decano de arquitectos de Castilla La Mancha en la ponencia
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Manuel Urtiaga de Vivar, exigió ayer, tras el encuentro mantenido por las cinco instituciones colegiales de la región con el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, que el título de Arquitectura sea considera máster y tenga una carga académica de 360 créditos, 60 de ellos correspondientes al proyecto de fin de carrera, pese a lo que establece el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). «Tiene competencias tan amplias que precisa de una formación potente», arguyó al respecto.
Urtiaga de Vivar, que estuvo acompañado por la voz provincial de los arquitectos, Federico Pérez, puso de manifiesto que se echarán el próximo viernes a la calle para reclamar al Ministerio de Educación esta opción en el Plan Bolonia. Así, subrayó se desacuerdo con que la categoría establecida sea de grado: «El descontento nos ha llevado a adoptar un acuerdo de reivindicación por las confusiones que pueda generar en un futuro».
futura escuela. En este sentido, indicó que transmitirán su postura al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez Ataz, de cara a que la tengan en cuenta en la confección de los estudios de la futura Escuela de Arquitectura de la región, que tendrá su sede en Toledo.
Por otro lado, Urtiaga de Vivar puso sobre la mesa su preocupación por la Ley Omnibus, una normativa que, a su juicio, «no puede llegar a buen término». No en vano, de ella se desprende la supresión de la obligatoriedad del visado colegial para edificar. «Lucharemos contra una ley que puede representar un golpe enorme para los colegios», advirtió.
En este sentido, y en su intento por dar a comprender la necesidad del servicio que prestan, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha recordó que la institución ha firmado con la Federación Nacional de Municipios un convenio para abastecer a los ayuntamientos de los medios necesarios para aportar sus proyectos vía digital y, así mismo, dotarle de un tipo de visado que aligere su carga municipal de supervisión de proyectos.
De igual modo, ha ofrecido a la Dirección General de la Vivienda su valoración para la supervisión de las VPO, así como a la Dirección General de Urbanismo su servicios para dotarles de informes de cara a las comisiones provinciales. «Con este escenario no se entiende lo que plantea Omnibus», ultimó.
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