Luis Miguel López junta las manos con Eduardo Maldonado y Rafaél Morales
La asociación Pink Satura, a la que acuden más de 200 grupos noveles de la región al año, será la encargada de facilitar al BM Ciudad Real el repertorio musical que amenizará el Quijote Arena los días de partido. Ambas partes han suscrito un convenio de colaboración que, además, escenifica la negativa rotunda por parte del club manchego a abonar la tarifa exigida por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en concepto de canon por la utilización de su música en recintos público. Una tarifa que, en el caso del pabellón ciudadrealeño, ascendería a los 92,41 euros por encuentro.
Como explicaron Eduardo Maldonado y Rafael Morales, miembros de Pink Satura, esta asociación cederá al club los derechos de las canciones de los grupos a los que engloba y que ha ido seleccionando a través de su certamen ‘Explosión Local’, que concluye con la edición anual de un CD con una veintena de temas.
Las canciones propuestas por Pink Satura serán, a la vez, elegidas por el ‘speaker’ del club, Paco Simo, quien presentará los temas por megafonía. Además, la web del club y su revista ‘QA’ explicarán todos los detalles de los grupos en cuestión.
«El BM Ciudad Real está en total desacuerdo con esta política de la SGAE, que nos parece desfasada, y por eso la censuramos. Creemos que la música no es fundamental en este negocio, que el público no acude al pabellón por la música. La solución era buscar música que no estuviera controlada por la SGAE», explicó Luis Miguel López, director general del BM Ciudad Real.
López aclaró que el club sí tiene los derechos de su himno oficial, obra del grupo local NHN, y que también puede disponer de las sintonías oficiales de la Liga Asobal y de la Liga de Campeones, que seguirán sonando en el Quijote Arena.
Por otro lado, Luis Miguel López reconoció que el club teme que la SGAE le reclame el abono de la cantidad global correspondientes a los últimos cinco años de partidos en el pabellón. Si esto ocurriera, el club no dudará en recurrir a sus servicios jurídicos para evitar este pago que, insiste López, sería del todo «injusto».